Hoja de roble...

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 «La legislación inteligente debería garantizar que las leyes europeas redundan en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto que la reglamentación está llamada a desempeñar un papel necesario. Para alcanzar los objetivos fijados, garantizar una prosperidad sostenible para todos y proteger a los consumidores sin ahogar a los operadores económicos, en especial las PYMEs, es esencial que el diseño de la legislación sea el adecuado. 

Las propuestas que se presentan hoy son esenciales si queremos alcanzar los ambiciosos objetivos en materia de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que fija la Estrategia Europa 2020. 

Un elemento esencial para disponer de una legislación adecuada es escuchar a los ciudadanos que se verán afectados por ella. Por ese motivo, debe reforzarse aún más la voz de los ciudadanos y otras partes interesadas y  prolongar,por ejemplo, el período de consulta pública de ocho a doce semanas.»

La Comunicación sobre legislación inteligente en la UE prevé una actuación en tres ámbitos para lograr una legislación de la mayor calidad posible, en el pleno respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad: 

En primer lugar, la atención de la Comisión abarcará todo el ciclo político dando más importancia a la evaluación de la legislación y de las políticas existentes. Las conclusiones que se extraigan, junto con las evaluaciones de impacto, se tendrán muy en cuenta a la hora de diseñar nuevos actos legislativos o de revisar los ya existentes. Seguirán efectuándose evaluaciones de impacto para todas las grandes iniciativas legislativas, de modo que se pueda disponer de datos y se garantice la transparencia sobre los costes y beneficios de las opciones políticas disponibles para la toma de decisiones. La Comisión se servirá asimismo de sus acciones en curso para simplificar la legislación y reducir la carga administrativa en el marco de su reexamen sistemático de la legislación existente a fin de asegurar el máximo impacto de estas actividades.

En segundo lugar, habida cuenta de que la legislación inteligente es una responsabilidad compartida por todos los que participan en la formulación de normas de la UE (el Parlamento Europeo, el Consejo, los Estados miembros y otros interesados), la Comisión seguirá colaborando con todos estos agentes para velar por que todos ellos cumplan su cometido. También redoblará esfuerzos en lo tocante a la puesta en práctica de las políticas, haciendo la legislación más clara y más accesible, y trabajará con los Estados miembros en pro de su estricto cumplimiento. La Comisión invita al Parlamento y al Consejo a reforzar su compromiso en favor de la realización de evaluaciones de impacto sobre las modificaciones sustanciales de sus propuestas.

En tercer lugar, se va a reforzar la voz de los ciudadanos y de las partes interesadas, procediendo a un re-examen de la política de consulta de la Comisión en 2011 y aumentando la predecibilidad sobre las propuestas previstas de la Comisión y el trabajo de evaluación a posteriori, de modo que los interesados puedan preparar su actuación con mucha más antelación. 

Además, la Comisión aprobó el Informe sobre la Subsidiariedad y la Proporcionalidad de 2009 (17º Informe «Legislar mejor»). Este Informe ofrece información sobre los principios y presenta ejemplos de casos clave en los que se plantearon cuestiones de subsidiariedad. Pone de manifiesto la gran variedad de opiniones entre los diferentes agentes: la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y los parlamentos nacionales.

La Comisión informará sobre los progresos que se vayan registrando en relación con la agenda «Legislación inteligente» en el segundo semestre de 2012.

En el marco de su agenda «Legislación inteligente», la Comisión ya ha logrado un cambio significativo de la manera en que se hace la política y se prepara la legislación. Ha mejorado la transparencia y la rendición de cuentas y se ha promovido la adopción de normas basadas en datos. Todas las grandes iniciativas legislativas van acompañadas de evaluaciones de impacto y un Comité de Evaluación de Impacto independiente controla su calidad. 

A finales de agosto de 2010, la Comisión había llevado a cabo quinientas veinte evaluaciones de impacto. En un reciente Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Respalda la evaluación de impacto en las instituciones de la UE la toma de decisiones?» (IP/10/1187) se reconocía que este sistema, que tiene un alcance sin parangón, constituye una buena práctica dentro de la UE y respalda la toma de decisiones en las instituciones europeas. La Comisión ofrece ahora más oportunidades para que los interesados puedan contribuir al proceso de adopción de normas, en particular poniendo a disposición pública hojas de ruta en las que se informa sobre los trabajos previstos en materia de políticas y de consulta en relación con todas las grandes iniciativas de la Comisión. 

Un programa de simplificación en curso está reportando beneficios sustanciales a los ciudadanos y a las empresas. Para finales de 2010, se habrán adoptado alrededor de doscientas propuestas de simplificación.

El Programa de Acción para reducir las cargas administrativas está a punto de superar su objetivo de reducir la burocracia en un 25 % antes de 2012. Las propuestas de la Comisión, si se adoptan, supondrían un ahorro anual de 38 000 millones EUR para las empresas europeas, reduciendo así la carga administrativa en un 31 %. El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado recientemente una propuesta acerca del impuesto sobre el valor añadido que permitirá ahorrar 18 400 millones EUR y está debatiendo otra propuesta destinada a eximir a más de cinco millones de microempresas de las normas contables de la UE.

La Comisión ha ampliado el mandato del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes, presidido por Edmund Stoiber, hasta finales de 2012. El Acuerdo interinstitucional «Legislar Mejor» y el Planteamiento Común Interinstitucional de la Evaluación de Impacto establecen la forma en que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo colaboran en este campo. 

(ver IP/10/1296)