¿Justo retorno?

En pleno junio se inició el debate sobre el marco presupuestario para la Unión Europea 2014-2020 con gran revuelo y polémica. Un debate que se prolongará todo el año y que debe concluir con un acuerdo definitivo a finales de 2012, bajo presidencia chipriota en el Consejo. Hoy por hoy, la realidad trasluce una práctica congelación del presupuesto, en la línea de la Carta de los Cinco presentada el pasado mes de diciembre por cinco Estados 'contribuyentes netos', verbigracia Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia, en que solicitaban la congelación presupuestaria hasta 2020. La incomodidad de estos Estados tiene que ver con las presiones por contener el gasto público estatal, y también ¿por qué no? con los movimientos de rescate entre economías de la eurozona. El comunicado de los 'Cinco' se encontró con la férrea oposición del bloque de los países del Este, en pleno proceso de recepción de ayudas al desarrollo regional y políticas de cohesión.

El Parlamento europeo, en el plenario de junio, votó, por lo demás, no sólo contra la congelación, sino que propuso un incremento del 5% en el monto total, justificado sobre el peso político y estratégico del programa Europa 2020, totalmente inasumible sin una dotación presupuestaria correcta. Como señalaba el portavoz Garriga 'no se le puede pedir más a Europa con menos financiación', a no ser que se pretenda que el objetivo 2020 quede en otro fracaso.

A la postura claramente expresada por el PE, se suma la de la Comisión, que defiende ese aumento del 5%, al tiempo que desea suprimir -y en todo caso simplificar- las devoluciones. No sólo el cheque británico, sino también las compensaciones que reciben Holanda, Suecia, Austria y Alemania, precisamente por su contribución al fondo británico. No es de extrañar que este sistema sea un verdadero quebradero de cabeza para el desarrollo presupuestario.

La Comisión presentó su informe el jueves pasado, planteando un aumento del 5,04% sobre el actual marco 2007-2013, que en realidad se traduciría en una reducción del actual en términos de renta bruta, ya que se pasaría del 1,1 % del PNB en el actual marco al 1,05 % del PNB en 2014-2020. La propuesta de la Comisión solicita un total de 1025000 millones de euros en compromisos, más 972 mil millones en pagos para el total del período 2014-2020. Destacables los 58 mil millones extrapresupuestarios (que necesitarían en su caso aprobación del Consejo) para reservas de emergencia, efectos de la globalización y la financiación del proyecto ITER. No obstante, es preciso destacar que el presupuesto europeo siempre está en equilibrio y que nunca se supera el gasto predefinido, por lo que no hay posibilidad alguna de déficit.

En buena lógica, la Comisión sigue interpretando el presupuesto como herramienta de cohesión, función para la que fue concebido en sus inicios, y que cobra relevancia justamente en un ciclo económico de crisis como el actual. Del monto total propuesto, 376 mil millones de euros serían para desarrollo regional (cohesión) y 372 mil millones para los agricultores, si bien el peso de la PAC descenderá hasta el 33% en 2020, beneficiándose otras políticas, como la de cohesión y las de carácter ecológico y medioambiental, evidente apuesta estratégica de la Comisión. Además, 40.000 millones de euros los gestionará directamente la propia Comisión Europea para proyectos transeuropeos de redes transporte, energía y telecomunicaciones. Entre las novedades importantes, destaca una nueva área política que pretende cobrar visibilidad: la competitividad de las PYMES y el turismo. Este punto se dota de un pequeño fondo de 2400 millones de euros.

El proyecto contempla también recortes, ya que el marco presupuestario prevé una reducción del 5 % en número de funcionarios en instituciones comunitarias en 2018.

Lo cierto es que muchos Estados se han apresurado a manifestar su oposición al incremento presupuestario, incluido el liberal alemán Westerwelle, que niega un problema de financiación en la UE, o el británico Cameron, totalmente alérgico a cualquier nueva tasa.

Cabe decir, no obstante, que el gobierno francés se ha mostrado partidario de abrir ese debate y se muestra conforme con las líneas expresadas por la Comisión, aunque no se lleven a engaño, parecen actuar más en el sentido de recibir una parte de esa tasa financiera que en contribuir al presupuesto comunitario, al que según el gobierno francés Francia ya aporta 20 mil millones de euros anuales.

En un ambiente de creciente euroescepticismo, y ante una grave crisis que demanda justamente flexibilidad, es más pertinente que nunca buscar herramientas presupuestarias que puedan permitir ajustes y mitigar particularidades de la crisis en su impacto sobre regiones europeas, tanto las más rezagadas como las regiones intermedias, con problemas de competitividad, que no sólo son derivados de los problemas internos en la eurozona y su percepción por parte de los mercados.

Por lo demás, Barroso apuesta por acabar con la cultura del justo retorno (¿qué hay de mi dinero?), y se plantea buscar un nuevo recurso propio con que financiar el presupuesto de la Unión. Se habla con fuerza del Impuesto sobre Transacciones Financieras, concebido para “penalizar” de algún modo a los iniciadores de la crisis global, aunque con un fin no tanto moral sino de gravar según el volumen de operaciones sobre el sector financiero. Otra de las opciones es recaudar directamente por parte de la UE un tramo del IVA nacional, de entre el 1% y el 2%. Por ahora, parece descartarse el impuesto de sociedades (conocido como EUCIT en inglés) debido a los riesgos en cuanto a percepción de un gravamen de este estilo, en el sentido de que por ejemplo la industria europea perciba estar financiando a otros sectores, como el agrícola.

Actualmente, los recursos propios de la UE sólo representan el 15% del total, mientras que el restante 85% es financiado mediante contribuciones directas de los Estados miembros. Se prevé que tanto el tramo del IVA como el Impuesto sobre Transacciones Financieras entren en vigor en 2018, por tanto al margen de lo que es la negociación en sí del Marco Financiero 2014-2020. La Comisión estima que el impuesto financiero podría generar 30 mil millones de euros anuales.

El cuadro de la situación sigue siendo bastante descorazonador, no sólo por ese insinuado escepticismo, sino por los intentos denodados de propuestas con pocas opciones de prosperar. Tenemos a un Giscard cargado de buenas intenciones y nostálgico de la Convención que aboga por recuperar aquel espíritu constitucional, mientras que el mismísimo Lamassoure se descuelga con la propuesta de una Convención presupuestaria con la participación de sociedad civil, parlamentos nacionales y demás actores relevantes.

Sin embargo, no parece que los Estados estén dispuestos a airear públicamente un debate sobre la financiación de la Unión Europea, debate cuyas consecuencias podrían ser imprevisibles en un contexto de gran tensión política y durmiente inquietud en las sociedades europeas. Justamente por ello vivimos un momento que presenta un gran reto político y comunicativo para la Unión Europea. La combinación de necesidad y capacidad del motto “More Europe” merece más apoyo de todos nosotros, y un voto de confianza en las instituciones europeas, como único sistema garante de la superación de los viejos instintos de los intereses nacionales y de articulación objetiva de lo que significa estar juntos y haber renunciado a dosis importantes de soberanía. Los momentos difíciles son, paradójicamente, los momentos de la generosidad. También ahí nos jugamos nuestra credibilidad exterior como bloque, no sólo económico, sino también político.

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